El proceso se inicia con la presentación de la solicitud por parte de la persona legitimada. Con la entrada en vigor de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la equiparación real y efectiva de los derechos de las personas trans y para la protección de los derechos de las personas LGTBI (2 de marzo de 2023), ya no se requiere presentar informes médicos o psicológicos sobre la discrepancia con el sexo registrado al nacer ni acreditar modificaciones físicas a través de procedimientos médicos o quirúrgicos.

Una vez recibida la solicitud, se convocará a la persona legitimada para una comparecencia en el registro. En dicha cita, el funcionario encargado recogerá la manifestación de la discrepancia con el sexo registrado, la petición de rectificación y la elección de un nuevo nombre, salvo que prefiera mantener el actual. Posteriormente, se fijará otra cita en un plazo máximo de tres meses para que la persona ratifique su solicitud y confirme su decisión.

En caso de ratificación, la resolución sobre la rectificación registral se emitirá en un plazo máximo de un mes a partir de la segunda comparecencia. La modificación tendrá efecto desde su inscripción en el Registro Civil, otorgando a la persona todos los derechos asociados a su nueva identidad.

Es importante destacar que la rectificación registral del sexo es reversible. Después de seis meses de la inscripción, aquellos que solicitaron la modificación pueden revertirla siguiendo el mismo procedimiento establecido.